Situación Ambiental Empresa Alpat
Desde la década del 60 y durante casi 40 años, el proyecto Soda Solvay fue percibido por la comunidad de San Antonio Oeste como su más importante esperanza de desarrollo. El concepto de desarrollo sustentable era todavía desconocido. No se otorgaba entonces valor concreto al ambiente ni a los recursos naturales. Y fundamentalmente, se desconocía el potencial turístico de la zona. La fábrica de la empresa Alpat S.A. se construiría en la Punta Delgado, San Antonio Oeste, para producir carbonato de sodio según el proceso Solvay, utilizando como materias primas caliza y sal.
Recién a fines de la década del ’80 y principios de los 90 comenzaron a escucharse las primeras voces alertando sobre los riesgos ambientales derivados del funcionamiento de la planta que sufrieron presiones para ser acalladas. Biólogos del Instituto de Biología Marina Alte. Storni y el prestigioso investigador Dr. Catoggio de la Univ. de La Plata que alertó en la prensa en octubre de 1990, recibió a cambio públicamente las mayores injurias por parte de los representantes del Ejecutivo Provincial. La empresa proponía depositar los residuos en el Canal del Indio eliminado el sobrenadante al mar, el cual “se iría” con la marea bajante (Margola 1976).
Aunque fueron entonces voces aisladas, hicieron que los vecinos percibieran la existencia de un problema potencial.
Nuestra actual Coordinadora del Programa Humedales Patricia M. González monitoreaba por primera vez las aves costeras de la zona como estudio base antes de la puesta en funcionamiento de la Planta de Soda Solvay y descubría que nuestra Bahía de San Antonio y zona aledaña en el Golfo era de importancia Internacional.
Junto con el biólogo Luis Cúrtolo presentaron los “Posibles efectos de los efluentes del proceso de fabricación de Soda Solvay sobre el ‘Area Vital’ Bahía de San Antonio y zonas de influencia” en las Jornadas de Ciencias del Mar en Puerto Madryn en 1993. Los movimientos de las masas de agua con ictioplancton mostraban que casi no había renovación del agua con la bajamar.
En ese año la Legislatura de Río Negro declaraba a la zona como Área Natural Protegida sobre la base de esos estudios, y la misma concitaba cada vez mayor interés por parte de distintas organizaciones no gubernamentales de nivel internacional. Las Grutas se había consolidado como el más importante centro turístico de la costa rionegrina, a favor del cual tanto el Estado como los particulares habían apostado fuertemente. La actividad turística se fue convirtiendo en la mayor fuente de ingresos y la mayor oferente de puestos de trabajo.
Los inversores turísticos comenzaron a preocuparse por la compatibilidad de la actividad con la planta de soda solvay, y esta preocupación se extendió a los pescadores y, simultáneamente, a los vecinos en general. El problema dejó entonces de ser un problema de “los ecologistas”, cuyas observaciones la empresa tantas veces había denostado, para convertirse en un problema de la comunidad.
En abril de 1995 un Proyecto de Comunicación de la Legislatura Provincial encomendaba al Poder Ejecutivo “las acciones y tareas necesarias para prevenir y evaluar el deterioro del ecosistema del Golfo San Matías, ante la posibilidad de instalar un oleoducto, en cercanías del Balneario Las Grutas. y se considere el efecto en el ecosistema del Golfo San Matías, de la futura eliminación de líquidos residuales provenientes de la operación de la planta de Soda Solvay”.
En 1996, la por aquél entonces recientemente constituida Fundación Inalafquen, convocó a las organizaciones intermedias para tratar el tema, como resultado de lo cual se acordó la constitución de una comisión conformada por representantes de las distintas entidades para el seguimiento del problema: la Comisión Pro-Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Soda Solvay. Se otorgó así un marco institucional al tratamiento de un problema que hasta ese momento se debatía solamente de puertas para adentro, y se dio inicio a un trabajo que continúa desarrollándose, en el que se involucraron los vecinos, el Municipio y el Estado Provincial.
Como primera acción conjunta, se resolvió la presentación de un petitorio que exigía el cumplimiento de la entonces vigente Ley Provincial 2342 para la prevención de los efectos degradativos del Medio Ambiente, ya que la construcción avanzaba sin que la autoridad exigiera su cumplimiento. Este petitorio fue suscripto por más de medio centenar de instituciones locales, convirtiéndose así en una clara manifestación de la extendida e importante preocupación comunitaria con respecto al tema.
Más tarde, en respuesta, el Gobierno provincial constituyó la comisión técnica de seguimiento, conformada por técnicos de distintas reparticiones tales como el Consejo Provincial de Ecología, el D.P.A. y la Dirección de Minería, así como por representantes de la Municipalidad de San Antonio Oeste, de la Fundación Inalafquen y de la Comisión Pro-Estudio de Impacto Ambiental, con el objetivo de requerir y analizar la documentación presentada por la empresa con respecto al impacto ambiental de la planta.
Simultáneamente, en el marco de la Legislatura Provincial, se constituyó la Comisión Legislativa de Seguimiento de la Fábrica de Soda Solvay, con la participación de buen número de legisladores, cuyas funciones exceden a las cuestiones ambientales.
Dada la contundencia de los informes técnicos que consideraron nocivo el vertido de los efluentes líquidos al mar, la empresa, que hasta ese momento había sostenido tal decisión, se vio obligada a aceptar que el mar no podía ser el cuerpo receptor del efluente, y se avino a analizar la sugerencia planteada por el D.P.A. de conducir el efluente hasta el bajo de Cinco Chañares, que operaría como reservorio.
La empresa estudió dos bajos: el de Cinco Chañares y el de Cortizo, y solicitó autorización para volcar en este último, solicitud que se rechazó por su proximidad con la Bahía de San Antonio y con la planta urbana en sí misma.
Siguieron entonces una serie de presentaciones de la empresa proponiendo distintas alternativas para sus efluentes líquidos, entre las que se puede mencionar la opción de inyectarlo a napas profundas, la de utilizar un sistema de spray, y otras. Todas estas presentaciones, que implicaban marchas y contramarchas de la empresa respecto del tema, fueron rechazadas por la Comisión Técnica, algunas por incompletas, otras por inadecuadas. Cabe mencionar que estas opciones implicaban “deshacerse” del efluente, incluyendo el cloruro de calcio.
Promediando el año 1999, la empresa insiste nuevamente con el vertido en el Bajo Cortizo. La Municipalidad de San Antonio, asumiendo la responsabilidad que le cabe en lo que respecta a las cuestiones urbanas y ambientales en su ejido, responde con la aprobación de una ordenanza que prohíbe el vertido en una zona definida por un radio de 20 km con centro en la Plaza Centenario de esta ciudad y más allá de dicho espacio en la franja costera delimitada por la línea de baja marea y la ruta nacional 3 hacia el Norte y hacia el Sur hasta los límites territoriales del ejido fijados por la ley 900.
Días más tarde la empresa presenta un estudio de factibilidad de vertido en un nuevo bajo: “el Riñón de Cortizo”, ubicado dentro de la zona de prohibición de volcado antes mencionada. Hacia fines de 2000, la empresa presenta el “Proyecto Ejecutivo para la Disposición de Efluentes Líquidos en el Bajo El Riñón”, a través del cual se plantea que la vida útil del reservorio será de 26 años, y que el mismo no provocará perjuicios ambientales severos en la zona, funcionando como laguna impermeable de evaporación. Este Proyecto es rechazado en varios de sus puntos por los técnicos locales –que consideran que la inocuidad del depósito está muy lejos de ser probada-, pero su opinión, así como la de varias instituciones intermedias locales, es desoída por el Concejo Deliberante, que deroga la ordenanza referida y la sustituye por otra a través de la cual se posibilita el volcado de los efluentes líquidos en el Bajo Riñón, asumiendo además el compromiso de constituir al Municipio como ente de contralor técnico ambiental, compartiendo así la responsabilidad ambiental con el Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente.
Respecto de este último punto, sin embargo, el compromiso asumido por la Municipalidad no se vio reflejado en ninguna acción concreta. No se dispuso nunca de recursos ni se inició ninguna gestión tendiente a la conformación de cuerpo técnico alguno que pudiera llevar adelante el control referido.
En estas condiciones en 2004 la empresa Alpat informa que está pronta a iniciar su actividad productiva. Resultaba imprescindible para esta comunidad contar con personal técnico adecuadamente capacitado, que trabajando a tiempo completo y contando con equipamiento y recursos financieros, pueda evaluar los riesgos y perjuicios potenciales del funcionamiento de la empresa, así como, en la eventualidad de la puesta en marcha, se ocupe del monitoreo permanente. Acordando con este criterio, las autoridades del Consejo Provincial de Ecología propuso la creación de una comisión intersectorial, en la que intervendrían funcionarios provinciales, municipales y nuestra institución, y que tendría, entre otras, la responsabilidad de constituir el cuerpo técnico referido, designar sus integrantes, recibir sus informes, auditarlos, y asesorar al órgano de aplicación de la
ley para la toma de decisiones. Creada por decreto 980/04 sólo se reunió un par de veces. Ante constantes incumplimientos de acuerdos, Inalafquen decide retirarse de la misma.
Así se llega a la Audiencia Pública convocada para analizar los aspectos ambientales del emprendimiento, en marzo de 2005. Se presentaron 33 expositores. Una interesante síntesis de las exposiciones puede consultarse en el libro Las Mesetas patagónicas que caen al mar: La costa rionegrina de Ricardo Massera, Juana Lew y G. Peirano (coordinadores). La posición de Inalafquen fue categórica, finalizando con este párrafo: "Por todo lo expuesto, consideramos que no están dadas las garantías de que el control ambiental de la actividad de la planta por parte de los organismos competentes sea estricto y eficaz. Si a pesar de lo expuesto se habilita su funcionamiento, será la comunidad toda la que deba cargar con los perjuicios potenciales".
Nuestros temores se vieron confirmados con el pasar del tiempo. Se incumplieron tanto la Resolución Ambiental y sus normas complementarias, así como también se violentó la legislación vigente en relación a los obligaciones del Estado Provincial respecto de los controles de la planta industrial. Nunca se contrató el seguro que la Resolución Ambiental impone. Derrames de efluentes, fallas en el sistema de filtros de efluentes, reiterada voladura de polvo de caliza, uso de residuos industriales para relleno urbano son "incidentes" reiterados. Pero lo más grave es el funcionamiento de las supuestas "lagunas de evaporación" que son en realidad un colador desde donde los efluentes pasan a la napa y de allí, a veces casi por superficie, llegan por un paleocauce a la ría de San Antonio Oeste como fuera en su momento advertido por el geólogo Renzo Bonuchelli (enlace a su publicación) y como puede observarse en las imágenes satelitales tales como las estudiadas en la publicación de M. Elizabeth Carbone y otros autores (enlace a publicación).
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La situación económica y financiera de la empresa se ha deteriorado en los últimos años por diversas razones, entre ellas la reapertura de importaciones de trona (mineral natural de carbonato de sodio) y el aumento del precio del gas. Además Alpat es parte del Grupo Indalo, propiedad de Cristobal López y Fabian De Souzza, afectado por embargos judiciales. Hemos escuchado a dirigentes sindicales y trabajadores explicando la baja de producción por falta de mantenimiento. Se puede dudar de que con esa falta de mantenimiento se acrecienta la probabilidad de un accidente serio? La actividad de la planta de Alpat fue declarada de "máximo riesgo presunto" por el decreto provincial 672/04, lo que manifiesta la amenaza que enfrentan trabajadores, nuestra comunidad y el ambiente.
Ante esta realidad solicitamos en abril de 2016 a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro SAyDS la realización de una Auditoría Ambiental Externa y la constitución de la Comisión del Decreto 980/04. Tras una única reunión ese mismo año, la titular de la SAyDS se comprometió a avanzar en la realización de la auditoría. En los años subsiguientes oralmente se nos informó de muy lentos avances para contratar a la Universidad Nacional de Río Negro, institución que a juicio de nuestra Fundación no contaría con los profesionales requeridos para el tema. En julio de 2018, enterados de un nuevo "incidente" en la
planta, viralizado por diversos medios en la localidad, reiteramos el pedido de urgente auditoría y la reunión de la comisión, sin resultado positivo. Evaluando que 2 años y medio de tiempo transcurrido era un lapso demasiado grande para no tener novedades importantes, en abril de 2019 solicitamos explicaciones acerca de la falta de avances para ponerlas a consideración de los vecinos por medios públicos, ya que es constante el requerimiento de información que nos hacen llegar. La respuesta nos fue entregada el día 20 de mayo y puede leerse AQUÍ .
Tan pronto como nos sea posible haremos conocer la opinión y acciones a seguir por parte de nuestra Fundación.